DERECHO DE LOS NO CAZADORES
28/09/2006 JOAQUIN Reina

No es novedoso observar como un grupo de interés económico
condiciona los acuerdos y decisiones de las Administraciones
públicas, aunque ello suponga una pérdida de derechos para la
mayoría de la sociedad civil. Esto es lo que viene ocurriendo desde
tiempos históricos entre las organizaciones cinegéticas y la
Administración central, hasta mediados de los ochenta, y
posteriormente y hasta la fecha, tras el proceso de transferencias
autonómicas, con las comunidades autónomas.

Las políticas de conservación y gestión de la biodiversidad
auspiciadas y desarrolladas por la Consejería de Medio Ambiente
están permanentemente subordinadas a los intereses corporativistas
de un sector minoritario. Circunstancia a la que no son ajenas el
resto de las comunidades autónomas. Sirva como muestra la situación
de la Comunidad Valenciana, donde la Administración ambiental de esa
comunidad autónoma, en complot con los cazadores, ha vetado la
presencia de los grupos ecologistas en el Consejo Valenciano de
Caza, órgano de participación social donde se establecen las normas
reguladoras de la actividad cinegética. En Galicia, a pesar de la
situación de excepcionalidad debido a la oleada de incendios
forestales que han asolado más de 70.000 hectáreas, la Xunta de
Galicia no se ha atrevido a aplicar lo que establece la norma que
regula la caza, la cancelación del periodo hábil de caza en casos de
catástrofes que suponga una pérdida de los hábitats de las especies
cinegéticas, que provoquen una concentración artificial en
determinados lugares, forzados por una situación excepcional. Sin
embargo, a pesar de las peticiones de las organizaciones
ecologistas, la Xunta de Galicia calla, consiente y vulnera su
propia normativa. Y en Castilla-León se tramita actualmente un Plan
de Gestión del Lobo, denostado por diversos colectivos sociales y
aplaudido por los cazadores. Según parece, lo cual no es de
extrañar, la conservación y el manejo del lobo en esa comunidad
autónoma dependerá de la caza deportiva.

Como hemos dicho, aquí, en Andalucía, la política de conservación
sometida a los intereses de las principales organizaciones
cinegéticas parece ser que no tiene límites. Pondré sólo algunos
ejemplos.

Los cazadores han conseguido recientemente una normativa reguladora
de la caza que ha ido otorgándole progresivamente cobertura legal a
prácticamente cada una de sus reivindicaciones esenciales e
irrenunciables.

Los vallados cinegéticos de los cotos de caza mayor, menores de 500
hectáreas, se mantendrán por medio de un certificado de calidad
cinegética, y podrán seguir cercando las fincas que aún no lo estén.
E incluso podrán elevar la altura de la malla por encima de los 2
metros. Han conseguido restablecer la figura del control de
predadores, como eufemísticamente lo denominan los propios cazadores
y los técnicos de la Administración autonómica. La Consejería de
Medio Ambiente realiza en la actualidad pruebas en fincas
colaboradoras con métodos de caza no selectivos y prohibidos con
carácter general, con el apoyo de la Federación Andaluza de Caza,
con objeto de determinar la inocuidad y selectividad de los
referidos sistemas de caza --lazos, principalmente--.

Los colectivos cinegéticos también han conseguido una prerrogativa
especial para el control de animales domésticos --perros y gatos--
en los cotos de caza. Sin son localizados y capturados, las personas
acreditadas podrán sacrificarlos sin más, con métodos al uso,
disparos, etc., conculcando lo establecido en una norma de rango
superior, como es la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección
de los animales.

La Consejería de Medio Ambiente, por temor a posibles reacciones
dentro del mundo de la caza, no termina de vedar la caza en los
humedales, a pesar de la situación de sequía que venimos arrastrando
en los últimos años.

Del mismo modo, la mayoría de las fincas de titularidad pública son
gestionadas por sociedades de cazadores. Esta circunstancia se
convierte en un continuo obstáculo para otros usos, como el
recreativo, deportivo o contemplativo. Particulares y ONGs han
denunciado que las delegaciones provinciales deniegan solicitudes
para caminar por las fincas públicas adjudicadas a sociedades
federadas de cazadores. En Córdoba ha ocurrido, en los últimos años,
en la finca El Olivarejo , en Villaviciosa de Córdoba, y en la finca
Las Zarcas , en Espiel.

Cuando uno se atreve a caminar por el monte, es consciente de que lo
pueden plomear, o algo aún más grave. De seguir así, por seguridad
de los propios no cazadores, tendremos que llevar chalecos
reflectantes cada vez que salgamos al monte. En el borrador del Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Redes -
-Asturias--, así se recoge. Verdaderamente lamentable.

La conservación asistida de pequeñas poblaciones de lince ibérico,
águila imperial, buitre negro, lobo, etc., esta suponiendo un peaje
extraordinario y no siempre justificado. Los políticos y sus
estamentos de poder, es decir, las estructuras administrativas
públicas, dependen de los resultados a secas, sin matices, y eso es
nuestro verdadero mal.

* Responsable Estatal del Area de Conservación de la Naturaleza de
Ecologistas en Acción
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=273489